En un ambiente festivo y de gran satisfacción esta mañana fue sometido a votación en el pleno del Concejo de la Región Metropolitana el Convenio de Programación entre la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP y el Gobierno Regional llamado “Inversión Saneamiento Básico Rural Región Metropolitana de Santiago 2022–2026”, el cual fue aprobado por unanimidad.
El convenio considera dos grandes componentes: Asesoría Técnica Administrativa a la Gestión e Inversión en Servicios Sanitarios Rurales, que se aplicarán a 59 iniciativas de diseño y 30 iniciativas de ejecución en las cinco provincias. El costo total del convenio es de 58 mil 288 millones de pesos, de los cuales el 33,2% corresponde a fondos del Gobierno Regional y el 66,8% a recursos del Ministerio de obras Públicas, siendo la iniciativa en materia de agua potable rural más grande nunca antes firmada en la región.
El pleno fue encabezado por el gobernador regional Claudio Orrego y asistieron los consejeros regionales, el Secretario Regional de OOPP Jorge Daza, el Director Regional (S) de Planeamiento, Juan Rojas, el Director Regional de la DOH, Paulo Cañas, y dirigentes vecinales. En su nombre, Ana Luisa Morgado, presidenta de la Asociación de APR Quilipilún y de la Unión Comunal y Provincial Chacabuco, expresó su satisfacción por un acuerdo que se gestó con gran participación ciudadana. “Es un gran paso que se da hoy día para los APR la firma de este convenio. Nos podrá ayudar y beneficiar a todos los que necesitamos agua potable ahora,” manifestó emocionada.
Al respecto, Jorge Daza manifestó que “estamos muy contentos porque acabamos de aprobar un convenio de colaboración por los próximos cuatro años por 58 mil millones de pesos. El Ministerio de OOPP va a poner 38 mil millones de pesos para agua potable rural que han sido priorizados por el Gobierno Regional. Lo importante es focalizar las políticas pública y hacerlo con quien más conoce de los territorios: los consejeros regionales y con dirigentes y dirigentes de agua potable rural, con quienes hemos recorrido la región y hemos ido focalizando, teniendo encuentros en el territorio. Así queremos hacer políticas públicas para el agua potable rural y también para las otras materias del ministerio.”
La ejecución del convenio será controlada por una Comisión Evaluadora integrada por el gobernador regional, cinco miembros del Consejo Regional (uno por cada provincia), la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, la jefatura de la División de Planificación y Desarrollo Regional, y la máxima autoridad de Planeamiento, que actuará como Secretario Técnico de la Comisión.